Ley Nº 12.949, de 23 de noviembre de 1961
Obligatoriedad del seguro de accidentes de trabajo
Artículo 1.- Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en las leyes.
El patrono que no asegure a sus obreros y/o asimilados (artículo 3° de la ley N° 10.004) sin perjuicio de la responsabilidad por los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que sufran los mismos, será sancionado con multa igual al doble del importe de las primas de los seguros que haya omitido, con un mínimo de cien pesos la primera vez y del cuádruple, con un mínimo de doscientos pesos, las siguientes.
Al dictar sentencia condenatoria, el Juez ordenará al patrono que asegure a su personal en el Banco de Seguros del Estado, dentro del término de quince días. Si el patrono no cumpliere esta orden será objeto de nueva sanción graduada de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior y así sucesivamente hasta que asegure a sus obreros o asimilados.
Además, si se tratare de un establecimiento comercial o industrial, a la segunda infracción el Juez podrá disponer su clausura, que durará hasta que acreditada la contratación del seguro, se autorice por el propio Juzgado la reapertura del establecimiento.
Artículo 2.- El Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados y el Banco de Seguros del Estado, fiscalizarán el cumplimiento de la obligación establecida en el primer inciso del artículo precedente y promoverán contra los infractores la correspondiente acción ante la justicia.
Se podrán denunciar las infracciones a los nombrados institutos, en forma escrita o verbal, levantándose acta en este último caso. Las denuncias no devengarán gastos por concepto alguno.
Artículo 3.- Son competentes para atender en primera instancia en la aplicación de las sanciones dispuestas en los artículos precedentes, los Jueces de Paz de la Sección respectiva en Montevideo y los de las capitales, ciudades, villas o pueblos en los demás departamentos, cuando el importe de las multas a aplicar según la demanda no exceda de mil pesos.
Sus sentencias serán apelables ante los Jueces Letrados de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo en Montevideo y ante los correspondientes Jueces Letrados de Primera Instancia en los demás departamentos.
Excediendo el importe de las multas de la cantidad expresada, entenderán en Primera Instancia los Jueces Letrados de Primera Instancia, según la acción deba promoverse en Montevideo o en otro departamento.
Las sentencias de estos jueces serán apelables ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que corresponda.
Artículo 4.- Para sancionar las infracciones, se observarán los procedimientos que determinarán los artículos que siguen.
Artículo 5.- El Inspector labrará acta que leerá el patrono o a su representante y la suscribirá con aquél o éste. Se consignarán en la misma las manifestaciones que el patrono o su representante deseen formular. La negativa a suscribir el acta, se hará constar en ella.
El Inspector realizará de inmediato, una información completa, debiendo recabar las firmas de los testigos que interrogue.
Artículo 6.- Terminada la información a que se refiere el artículo precedente, dará vista al patrono de las actuaciones por el término de diez días, dentro de los cuales éste podrá presentar las exposiciones escritas y ofrecer las pruebas que juzgue convenientes.
La vista será conferida dentro de la localidad en que se haya cometido la infracción, en la Oficina del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o en la Sucursal o Agencia del Banco de Seguros del Estado y, en defecto de ambas, en el Juzgado de Paz Seccional.
Artículo 7.- La notificación de la vista, se hará en el establecimiento, al patrono o en su defecto a la persona que lo represente o esté encargada de dirigir las tareas.
Vencido el plazo de la vista y, en su caso, diligenciadas las pruebas ofrecidas, el Inspector elevará las actuaciones a sus superiores.
Artículo 8.- Si el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o el Banco de Seguros del Estado, según el caso, entendiesen que ha habido infracción, siempre que medie resolución administrativa firme, promoverán de inmediato, la correspondiente acción judicial contra el patrono.
Artículo 9.- Los mismos trámites de los artículos anteriores se observarán cuando medie denuncia formulada por el obrero, asociaciones o sindicatos gremiales o terceros interesados.
Artículo 10.- Presentada la demanda, el Juez conferirá traslado de la misma al demandado por el término de nueve días perentorios.
Si la causa hubiera de recibirse a prueba, evacuado el traslado de la demanda o vencido el término para evacuarlo, el Juez señalará un plazo común e improrrogable de quince días para el diligenciamiento de las probanzas que hayan sido ofrecidas en la demanda y contestación o que lo sean dentro de los primeros cinco días de ese término.
Vencido el término de prueba y agregadas por el actuario las que se hubiesen producido, se pondrá el expediente en la oficina por diez días a disposición de las partes para que se instruyan; y pasado este plazo el Actuario dará cuenta al Juez con lo que cada parte haya expuesto por escrito, teniéndose por conclusa la causa para sentencia.
El Juez deberá dictar su fallo en el término de sesenta días.
Artículo 11.- La sentencia de primera instancia, será apelable en relación. Contra la de segunda instancia no habrá recurso alguno.
Artículo 12.- El Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados y el Banco de Seguros del Estado, comparecerán ante los jueces competentes por intermedio de sus procuradores o de los funcionarios que hayan sido autorizados administrativamente al efecto.
El Banco podrá hacerlo, también, por conducto de sus Agentes Generales. Se presentarán en papel común y sus gestiones no devengarán tributos ni otros gastos judiciales.
Artículo 13.- Los patronos comprendidos en las disposiciones de las leyes sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, deberán exhibir a los Inspectores del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o del Banco de Seguros del Estado, las pólizas de seguro más, facilitar las actuaciones de esos funcionarios, relacionadas con el cumplimiento de las referidas leyes.
De no hacerlo,incurrirán en multa de quinientos pesos que aplicación de estas multas, las normas que sobre competencia y procedimiento, establecen los artículos 3° y siguientes de esta ley.
Artículo 14.- Presentada la demanda por incumplimiento de la obligación de asegurar, el Juez, a pedido de la parte actora sin más trámite y sin necesidad de afianzamiento decretará el embargo preventivo de bienes del demandado, en cantidad suficiente para cubrir el importe de las multas reclamadas, indemnizaciones probables y gastos.
Artículo 15.- Las acciones por cobro de primas de seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de los capitales necesarios para el servicio de rentas y/o de gastos en los casos de obreros no asegurados, prescribirán a los diez años contados desde el día en que las obligaciones se hicieran exigibles. El derecho al cobro de las sanciones prescribe en igual plazo.
La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o jurisdiccional, suspenderá el curso de la prescripción hasta la resolución definitiva o sentencia ejecutoriada. Cualquier pago o consignación total o parcial de la deuda, cuando ella proceda, interrumpirá también el curso de la prescripción del adeudo.
Artículo 16.- Modifícanse los artículos 7°, 11, 12, 15, 17, 20, 29, 44, 45, 60, 63 y 64 de la ley N° 10.004, de 28 de febrero de 1941 y sus modificativas, sobre indemnización de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 17.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Banco de Seguros del Estado podrá modificar los salarios máximos, los salarios e indemnizaciones mínimos y los gastos de entierro establecidos por esta ley.
Artículo 18.- Si el salario de un obrero está fijado por día o por hora, pero hay factores que pueden hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, en día de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de una determinada clase, las indemnizaciones por incapacidad temporaria originada por accidentes del trabajo o enfermedad profesional, se liquidarán sobre la base del salario medio que resulte de dividir por trescientos el importe total de los salarios ganados por la víctima durante los doce meses anteriores.
Artículo 19.- Si en el caso previsto en el artículo anterior, al producirse la incapacidad temporaria no hubiesen transcurrido, todavía, doce meses desde que el obrero empezara a trabajar para el patrono, o si por cualquier motivo no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el expresado lapso, por los obreros similares en el mismo establecimiento o actividad similares.
Artículo 20.- Cuando el obrero trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a los efectos de determinar el salario básico para la liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en cuenta todos los ingresos que obtenga por aquel concepto.
Este régimen se aplicará, también en el caso de que un obrero realice más de una actividad, para un mismo patrono.
Artículo 21.- El obrero que haya sido víctima de sucesivos accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, tendrá derecho a renta aun por aquellos que sólo le hayan causado una incapacidad permanente inferior al diez por ciento, siempre y desde que la reducción de su capacidad de trabajo, originada por los diversos infortunios laborales sufridos, alcance globalmente a ese mínimo.
La renta correspondiente a cada accidente del trabajo y/o enfermedad profesional, será liquidada por separado, sobre la base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo y estará a cargo del patrono para quien trabajaba entonces.
El Banco de Seguros del Estado, se hará cargo de las rentas así resultantes por incapacidades permanentes, inferiores al 10%, anteriores a la vigencia de esta ley.
Artículo 22.- El Banco de Seguros del Estado prestará asistencia médica a los obreros no asegurados que la soliciten, y exigirá del patrono el reembolso de los gastos correspondientes, conforme al procedimiento establecido en los artículos 10 y siguientes.
Serán jueces competentes los indicados en el artículo 3° de esta ley.
Artículo 23.- Las multas dispuestas por esta ley o las demás sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, serán abonadas en el Banco de Seguros del Estado, que destinará el producido a sus servicios de asistencias.
Artículo 24.- El Banco de Seguros del Estado podrá exigir la internación hospitalaria de los obreros accidentados a efectos de avaluar su incapacidad permanente, o la agravación o atenuación de la misma debiendo compensar la pérdida de salarios que pueda prorrogárseles por tal internación.
Si el obrero se negare a internarse se suspenderá el pago de la indemnización diaria o renta que le correspondiese, pago que sólo volverá a hacerse efectivo desde que desistiere de esa
actitud.
Artículo 25.- La responsabilidad del patrono por los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales de sus obreros y/o asimilados se rige exclusivamente por las disposiciones de las leyes especiales de la materia, con exclusión de las del derecho común, salvo el caso de dolo previsto en aquellas mismas leyes.
Artículo 26.- El Banco de Seguros del Estado fijará las primas del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez cada dos años.
Las primas podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas actividades laborales y aun para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de dos y media veces el promedio de las primas de los establecimientos similares.
Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente los resultados del seguro en los años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales adaptadas, las posibilidades de siniestros catastróficos, y toda otra información que técnicamente corresponda.
Para la financiación de las rentas, el Banco de Seguros del Estado empleará el método de capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas previstos en esta ley, no determinarán, en cambio, la constitución de reserva matemática, rigiéndose por los principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales.
El beneficio neto de explotación del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no será mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas por el Banco de Seguros del Estado.
A los efectos del cálculo de ese beneficio se tendrán en consideración, las indemnizaciones por incapacidad temporaria, las reservas matemáticas, las rentas por incapacidad permanente o muerte y las cantidades a pagar por actualizaciones de rentas, las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica, la provisión para reservas de siniestros en trámite y restos no corridos, las reservas para deudores morosos, las reservas de emergencia y catástrofe y los gastos administrativos e impuestos.
El Banco de Seguros del Estado podrá deducir del beneficio neto de cada ejercicio que supere el 10% de las primas percibidas, la pérdida sufrida en la misma cartera de seguros en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquél en que tuvo lugar la pérdida.
Artículo 27.- Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el balance anual un beneficio mayor al 10% de dichas primas, con el excedente el Banco constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y de la Rehabilitación de Obreros Incapacitados".
Este fondo sólo podrá ser utilizado para las finalidades indicadas en su denominación, como ser:
A)Subvencionar a instituciones públicas o privadas, que fomenten la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales o la rehabilitación de obreros incapacitados.
B)Instituir premios a las mejores organizaciones de seguridad de los establecimientos asegurados.
C)Instituir becas para el estudio de la seguridad o de la rehabilitación de incapacitados.
D)Financiar cursos, material de divulgación y campañas publicitarias sobre seguridad o rehabilitación.
Artículo 28.- El Banco de Seguros del Estado, teniendo en cuenta la cuantía de las primas individuales del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, podrá acordar a los patronos asegurados facilidades para el pago de las mismas, de acuerdo a las reglamentaciones que dictará el Directorio de la propia Institución.
Artículo 29.- El patrono que haga ocultación o falsa declaración del salario de sus obreros y/o asimilados incurrirá en el delito de "falsificación ideológica por particular" tipificado por el artículo 239 del Código Penal.
Artículo 30.- El Banco de Seguros del Estado revaluará el monto de las rentas que, por incapacidades permanentes o muerte, comenzó a servir con anterioridad al 1° de enero de 1961 de acuerdo a lo dispuesto en la ley número 10.004, de 28 de febrero de 1941, incluyendo en esa revaluación las rentas que sirve por cuenta de patronos no asegurados.
Artículo 31.- La revaluación de esas rentas se hará multiplicando su monto actual por los factores siguientes:
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Año del accidente
1921 a 1938
1939 a 1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
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Factor
10
9.50
9.13
8.60
8.20
7.36
6.68
6.31
5.65
5.60
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Año del accidente
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
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Factor
5.55
4.94
4.34
4.07
3.64
3.35
3.13
2.73
2.33
1.67
1.20
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Artículo 32.- Cumplida la actualización de valores dispuesta en el artículo anterior, el Banco de Seguros del Estado, de oficio, ajustará cada dos años, las rentas que sirva por incapacidad permanente o muerte en los casos de accidente del trabajo, o enfermedad profesional.
Ese ajuste se realizará en función exclusiva de los índices de precios establecidos por el Ministerio de Hacienda o en su defecto por el Ministerio de Hacienda o en su defecto comenzarán a servirse en el transcurso de un bienio tendrán un factor de ajuste proporcional al tiempo que medie, computado, en meses, entre la fecha inicial del pago de la renta y el vencimiento del bienio respectivo. El primer bienio se computará a partir del 1° de enero de 1962.
Artículo 33.- Cuando proceda el reajuste de rentas liquidadas a obreros o asimilados no asegurados, que se accidentaren o contrajeren enfermedades profesionales con posterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco exigirá al patrono el complemento del capital necesario para servir ese aumento de renta, constituyendo la liquidación que practique el Banco, título ejecutivo (artículo 874 del Código de Procedimiento Civil).
Artículo 34.- Derógase el artículo 4° de la ley N° 12.290, de 12 de junio de 1956.
Artículo 35.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el "Diario Oficial".
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